Por: Juan Manuel Rivera Juárez
El 9 de diciembre de 1976, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) presentó su primer proyecto de tabulador de sueldos. Esta propuesta se enmarcó en la lucha por la organización gremial y la consolidación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con la institución.En aquel periodo formativo, el sindicato buscaba el reconocimiento y la negociación de sus derechos frente a la resistencia de las autoridades universitarias y de diversos sectores que veían en el sindicalismo académico una amenaza para la autonomía y la vida universitaria.
El objetivo principal del proyecto era normar de forma objetiva los ingresos, la permanencia y las condiciones laborales del personal docente, subsanando la carencia de bases salariales equitativas y formales dentro de la administración.
Antes de la entrega y posterior firma de este tabulador, los salarios de los profesores de la UAZ se manejaban bajo un esquema discrecional y patrimonialista, ajeno a la normatividad laboral colectiva y sujeto al control político. Ante la falta de un tabulador único, los sueldos se asignaban mediante los siguientes mecanismos:
• La gestión presupuestal y de ingresos constituía una facultad exclusiva de las autoridades universitarias, quienes fijaban los salarios mediante negociaciones estrictamente individuales y privadas.
• Bajo este esquema, la Rectoría y las direcciones escolares determinaban discrecionalmente las percepciones, lo que derivaba en profundas disparidades salariales entre docentes con idénticas funciones académicas. Ante la falta de un estatuto del personal académico que regulara las percepciones, tanto la estabilidad laboral como la asignación de horas lectivas quedaban sujetas al grado de afinidad, lealtad o filiación política con el grupo directivo en turno. Así, los vínculos personales y las alianzas políticas influían de manera directa en la distribución de la carga horaria y las compensaciones económicas. En consecuencia, la gran mayoría de la planta docente operaba bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. Las contrataciones, frecuentemente verbales o por periodos escolares breves, se asimilaban a la categoría de personal de confianza. Esto facultaba a las autoridades para reducir salarios, recortar horas de clase o rescindir contratos al inicio de cada semestre de forma injustificada y sin mecanismos institucionales de defensa.
Antes de 1976, a diferencia del sistema actual, los factores objetivos —como el máximo nivel de estudios, la antigüedad, la producción científica o la dedicación horaria— no aseguraban un nivel salarial específico. En ese entonces, un profesor con menor preparación, pero con mejores nexos políticos podía percibir ingresos sustancialmente mayores que un académico de amplia trayectoria.

